El Tribunal Superior Electoral (TSE) hace de público conocimiento el texto íntegro de la sentencia número TSE-681-2020 de fecha 23 de junio, 2020, relativa al expediente 447-2020, contentivo de la impugnación incoada por el Partido País Posible (PP) contra la resolución la Junta Central Electoral (JCE), número 56-2020 del 29 de mayo de 2020.
En la misma, el TSE explica cómo debe ser la operatividad y concretización de la asignación de delegados de los partidos políticos para las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales a celebrarse en el país el próximo domingo 5 de julio del año en curso.
En ese sentido, transcribimos los párrafos 9.23. 9.24 y 9.25, por considerarlos de interés al momento de aplicar la sentencia de que se trata. A saber:
“9.23. En fin, que todo lo anterior pone de manifiesto que la resolución evacuada por la Junta Central Electoral solo puede resultar conforme con la Constitución y la ley de la materia, y concretamente con el artículo 150 de la Ley núm. 15-19, si su contenido se reconfigura a fin de que el mandato de la autoridad electoral tienda a revalidar, de forma objetiva, el contenido de la antedicha formulación normativa. Dicho de otra forma, el único sentido en que puede ser interpretada la aludida resolución para que la misma se ajuste a la normativa vigente y aplicable de cara al proceso electoral convocado para el día cinco (5) de julio de dos mil veinte (2020) es si se parte de una premisa triádica fundamental, que a su vez se desprende de forma directa del artículo 150 de la ley referida:
· Que en sentido general, los partidos políticos tienen derecho a acreditar un delegado y un suplente ante la Junta Central Electoral, ante cada junta electoral y ante cada colegio electoral, para el proceso electoral a nivel presidencial y congresual pautado para el día cinco (5) de julio de dos mil veinte (2020);
· Que el derecho antes referido es de pleno goce para cada partido político en cada nivel de elección, lo que quiere decir que dicha prerrogativa de acreditación se hace posible respecto de cada renglón electivo del total que terciarán en la contienda electoral de que se trate; y
· Que, en sentido estricto, y en función de los pactos de alianza suscritos al efecto por las organizaciones políticas participantes en el referido proceso electoral, el derecho subjetivo contemplado en el artículo 150 de la Ley núm. 15-19 puede operativizarse o concretarse de tres (3) maneras diferentes:
o Como derecho de cada partido, cuando se trate de organizaciones políticas que sustenten candidaturas autónomas en cada nivel de elección; por decirlo de manera llana, en estos supuestos el partido que sustenta la o las candidaturas de manera independiente tiene derecho a acreditar un delegado por cada nivel de elección, lo cual redunda en beneficio de su facultad de fiscalización y verificación sobre los niveles de elección que le conciernen o, lo que es lo mismo, en los que participa de manera autónoma;
o Como derecho del partido que encabeza la alianza, cuando entre uno o varios partidos existan alianzas en todos los niveles de elección; es decir, que, de existir alianzas en todos los niveles, el partido en cabeza es el único que tiene pleno derecho a acreditar delegados en cada ámbito de elección; y
o Como derecho del partido respecto del nivel en que participa de manera autónoma. Esto constituye una excepción respecto de lo planteado en el párrafo anterior. En síntesis, si existe una alianza parcial en un rubro electivo –por caso, en el nivel presidencial—, pero el partido de que se trate también participa de forma autónoma e independiente en el nivel de elección restante –el congresual, por insistir en el ejemplo—, entonces la organización política defenderá sus intereses en el primer nivel (presidencial) a través del delegado que acredite el partido que encabeza la alianza, mientras que lo hará en el segundo nivel (congresual) a través de delegados que acredite a título individual, con arreglo al artículo 150 ut supra citado.
9.24. En consecuencia, la acreditación de delegados debe ser entendida y aplicada por el máximo órgano de administración de la manera siguiente: (i) si varios partidos políticos van aliados en todos los niveles, entonces quien encabeza la alianza tiene derecho a designar un (1) delegado titular y un (1) suplente por cada colegio electoral para desempeñar sus funciones en los tres (3) niveles comprendidos en la alianza; (ii) si existe alianza en un solo nivel de elección, quien encabeza la alianza aporta el delegado titular y el suplente para el nivel comprendido en la alianza; en cambio, en el nivel restante cada partido acredita su respectivo delegado titular y su suplente de forma independiente. No obstante, (iii) si un partido concurre aliado en el nivel presidencial, pero sustenta candidaturas propias en los niveles senatorial y de diputaciones, basta entonces con que acredite un delegado titular y un suplente para ambos niveles de elección (senatorial y de diputados), bajo el entendido de que en esos niveles no existen intereses compartidos con otras organizaciones políticas, razón por la cual procede acoger en cuanto al fondo la presente impugnación, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.
9.25. La anterior es, se reitera, la única interpretación del contenido de la resolución cuestionada que permite hacer de ésta un acto conforme con el Derecho vigente y aplicable en este particular ámbito. Así que, a partir de la presente sentencia, la resolución núm. 56-2020, de la Junta Central Electoral (JCE), ha de ser interpretada, aplicada y ejecutada por las autoridades constituidas en esta materia con estricto apego a lo establecido en el cuerpo de esta decisión, particularmente de lo señalado en los párrafos precedentes.
